El instituto Kroc presentó un informe en el que analiza la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc. Así va la construcción de paz en el país.
Un pormenorizado análisis de los avances que hasta el momento se han dado en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre Gobierno y Farc, entregó este jueves el Instituto Kroc en un documento que – con corte al 31 de agosto- detalla punto por punto lo que se ha hecho en medidas a corto, mediano y largo plazo. La sensación que queda es que aunque sí hay intención de implementar los acuerdos, se está avanzando a paso lento y con muchas dificultades.

De las 558 disposiciones que, en total, se desprenden del Acuerdo de Paz, en 251 (el 45%) se observa alguna actividad; mientras que en 307 (el 55%) no ha habido ningún avance. Sin embargo, es evidente, según el documento, el incremento del ritmo de la implementación. Pues mientras que en diciembre de 2016 se evidenciaba el inicio de la implementación en 89 disposiciones, al 31 de agosto pasado, ya daban signos de vida 251 compromisos de las partes. Aún falta mucho trecho para que se pueda hablar de verdaderos avances, tanto a corto, como a mediano y largo plazo.

El Instituto Kroc resalta la importancia de que haya un capítulo dedicado al enfoque de género. De este, asegura que “el enfoque de género en el Acuerdo Final representa un hito en materia de construcción de paz a nivel internacional ya que ubica los derechos de las mujeres y a la igualdad de género en el centro del Acuerdo. Es una innovación del Acuerdo colombiano. En el texto se crean medidas y disposiciones concretas para promover la igualdad de derechos, la participación activa y la representación equitativa de las mujeres en la construcción de paz”.

De las 122 disposiciones que le dan forma al enfoque de género, el instituto explica que 59 % no han iniciado a ser implementadas, 30 % tiene una implementación mínima, 5 % están en un nivel intermedio y apenas 6 % ya están completadas. A lo que se suma, que en los mecanismos encargados de monitorear la implementación, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Consejo Nacional para la Reincorporación, la participación de las mujeres es baja.

También señala que en las zonas de concentración, “fuentes diversas y visitas de campo permitieron constatar la precariedad de las condiciones y los servicios para las mujeres embarazadas y lactantes, lo cual va en detrimento del bienestar físico y mental de las mujeres y las deja en una situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, la ausencia de guarderías para niños, o su existencia sin dotación, limita la inclusión de mujeres”.

Después de esta mirada al enfoque de género, el informe del Instituto Kroc se mete de lleno en lo que denomina como los “patrones de implementación” a corto, mediano y largo plazo, aunque puntualiza que esto “no implica que no haya que iniciar en el corto plazo con la implementación de aquellas disposiciones que permitirán avanzar en la implementación” de los puntos que no se concluirán sino pasados varios años (señalando que otros proceso de paz en el mundo han tardado hasta 8 años en finalizar).

Implementación a corto plazo

El Instituto Kroc agrupa en las medidas a corto plazo a los puntos referentes al cese al fuego; los mecanismos de monitoreo y verificación; la implementación normativa; la amnistía, indultos y tratamientos penales diferenciados, y a las garantías de seguridad para la reincorporación política y socioeconómica.

Sobre el cese al fuego, el Kroc resalta que en este punto se han conseguido avances significativos, pues “el cumplimiento del cese al fuego bilateral y los procesos de traslado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN), indican que tanto el Gobierno como las Farc, se han comprometido firmemente a poner fin al conflicto armado y avanzar hacia la construcción de paz”.

En cuanto a los mecanismos de monitoreo y verificación, el informe señala que “el carácter extensivo del sistema de verificación y monitoreo es un área en la que el acuerdo final de Colombia se distingue de los demás acuerdos de paz. De las 85 disposiciones de este tema, 35 disposiciones (41%) se han implementado plenamente y 15 disposiciones (18%) están en camino de ser implementadas completamente. Se han iniciado 17 disposiciones (20%), pero se han implementado mínimamente. Los avances de la implementación en este Tema del Acuerdo han sido positivos”.

Sobre la implementación normativa explica que este es un tema que requiere “un desarrollo legal acelerado para iniciar y apalancar la ejecución de compromisos medulares” del acuerdo final. Menciona que este punto tiene “complicaciones derivadas del contexto político actual y de la naturaleza misma de los temas que deben regularse, lo cual ha generado demoras”. Vale aclarar que el informe no tuvo en cuenta los hechos de esta semana, como la aprobación de la JEP por parte del Senado, que generó grandes debates por las inhabilidades que se definieron para los magistrados de este tribunal.

Luego pasa al punto de la ley de amnistía y resalta que para septiembre ya se habían beneficiado 2133 miembros de las Farc y 812 miembros de la Fuerza Pública. Aun así, señala que la implementación de la ley “ha sido más lenta de lo esperado en razón de dificultades de orden administrativo y legal. El otorgamiento de beneficios avanza lentamente con complejidades en el proceso”. También señala que los jueces encargados de dar las amnistías desconocían “sobre cómo proceder en algunos casos”.

Por último, en cuanto a la implementación a corto plazo, habla de las garantías de seguridad para la reincorporación política y socioeconómica. De este dice que los mayores avances han sido de carácter normativo, pero que las dificultades han sido por “el despliegue de seguridad física territorial”. Algo que se ha visto reflejado, por ejemplo, en el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos que, a la fecha, ya suma más de 120 víctimas. Así, indica que el reto está en “poner en marcha de manera efectiva y con celeridad los mecanismos establecidos por el Acuerdo para garantizar el derecho a la vida y la integridad”.

Implementación a mediano plazo

En el mediano plazo, el Instituto Kroc habla de dos puntos del acuerdo: la reincorporación socio-política de las Farc y los mecanismos democráticos de participación ciudadana. En total, ambos suman 118 disposiciones que demuestran que han tenido un mayor avance, sobre todo, en lo que se refiere a la reincorporación.

“Los subtemas con los niveles más altos de implementación son el subtema de reincorporación para menores de edad con un 67% de implementación total y el subtema de Consejo Nacional de Reincorporación con un 50%. La Reincorporación Política cuenta con un 38% de implementación plena y la Reincorporación Económica y Social con un 40%, muestra un nivel de implementación menor”, señala el informe.

Sobre las 80 disposiciones destinadas a generar mecanismos democráticos de participación ciudadana sí tienen un retraso mayor, pues en 64 de estas (es decir, el 80 %) “no se observa actividad alguna” de implementación.

Implementación a largo plazo

Los puntos que requieren más tiempo para lograr una implementación completa son: acceso a la tierra, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los planes nacionales de Reforma Rural Integral, la acción integral contra las minas antipersona, el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, los programas de prevención del consumo y de salud pública, la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos y lo que se refiere a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En cuanto al acceso a tierra, son 23 disposiciones, de las que 12 (el 52 %) no han empezado a ser aplicadas. Este punto incluye el establecimiento y operación de un fondo de tierras, subsidios y créditos para el acceso a la tierra, formalización masiva de propiedad, catastro multipropósito, protección ambiental y reformas a las Zonas de Reserva Campesina.

Los PDET, que se han convertido en una de las banderas del Gobierno en lo que se refiere a la intervención en territorios, son importantes, según el Instituto Kroc, porque son la “expresión más concreta de una de las grandes promesas del proceso de negociación: que la paz será una Paz Territorial, inclusiva y participativa”. A pesar de esto, se han encontrado con dificultades como “el bajo nivel de implementación de las medidas disposiciones sustantivas para desarrollar la Paz Territorial y el enfoque tradicional de arriba-abajo por parte de algunos funcionarios”. Señala el informe, que el Gobierno no debe olvidar que “la construcción de paz no se limita a implementar acciones, proyectos o programas, sino sobre todo a reconstruir relaciones de confianza”.

De la acción integral contra las minas antipersonas, el informe indica que hay un aumento del 25 % de municipios que han sido declarados libres de estos artefactos y que entre 2016 y 2017 se han despejado 1.593.411m2, en comparación con los 2.593.923 m2 erradicados entre 2010 y 2015. Aun así, insiste en que la meta de que Colombia sea un país libre de minas en 2021 “depende de los avances en las garantías de seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto, incluyendo el desmantelamiento de grupos ilegales”.

Pasa luego a tratar el asunto del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que requiere, para que sea exitoso, de que haya “una política nacional integral en materia de drogas que coordine los sectores de defensa, sustitución, transformación territorial y justicia y asegure la integración de sus planes y acciones en los territorios”. También que se debe prestar atención al plan de erradicación forzosa, pues “ha producido choques violentos entre comunidades y la Fuerza Pública. El punto de quiebre de esta situación ocurrió en Tumaco, Nariño, el 5 de octubre con la muerte de al menos 6 campesinos”.

En cuanto a programas de prevención del consumo y de salud pública y a la solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos, el informe de Kroc explica que se está diseñando actualmente un programa de prevención del consumo y salud pública, a la vez que se “establece una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y contra el lavado de activos”.

Sobre los avances de verdad, justicia, reparación y no repetición, el informe señala que estas son medidas que “a menudo tardan varios años en implementarse”. Aun así, la implementación de esto ha sido complejo, pues “el compromiso del Estado con los Derechos Humanos a través de tres subtemas (promoción de una cultura de respeto a las garantías de derechos humanos, prevención de violaciones de derechos humanos y fortalecimiento de mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y sus organizaciones). Hasta la fecha, solo se ha observado implementación inicial en 2 de 6 disposiciones en este tema”.

Así las cosas, y después de exponer punto por punto, el informe concluye que, a pesar de que hay avances en la implementación, es necesario un “progreso efectivo” en lo que se refiere al uso de la tierra, el desarrollo económico, la reforma rural y la coordinación en los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito (trascendiendo la tradicional política de erradicación forzosa), pues son estas las “cuestiones consideradas como la raíz del conflicto”.

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