El Ministerio de Agricultura puso en marcha un apoyo directo a los agricultores, cuyos ingresos se han visto afectados por una cosecha récord. Mientras ellos se preguntan por la disponibilidad de recursos, la industria asegura que no hay una solución de raíz.EL PAÍS ES AUTOSUFICIENTE EN EL CEREAL
La encrucijada del sector arrocero: ¿por qué paran los productores?
Economía
28 Ago 2017 – 10:00 PM
María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn
El Ministerio de Agricultura puso en marcha un apoyo directo a los agricultores, cuyos ingresos se han visto afectados por una cosecha récord. Mientras ellos se preguntan por la disponibilidad de recursos, la industria asegura que no hay una solución de raíz.

Mientras los precios que se pagan al productor cayeron más de 15 % en julio, con respecto al mismo mes del año pasado, los precios al consumidor han caído 4 % en todo el primer semestre. Bloomberg
Hace dos años, al cierre del primer semestre de 2015, se hablaba de lo mucho que había subido la inflación en el grupo de alimentos: 5,11 %. Al ahondar en la cifra, se podía evidenciar que el arroz era uno de los productos que más habían aumentado en precio, con una variación de 30,1 %, de acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Si había o no escasez del cereal y la necesidad de importar eran algunos de los temas de discusión. (Lea: Arroz: el sabor agridulce de tener una producción récord).

Hoy, la realidad es muy distinta: Colombia es autosuficiente en arroz, a causa de una producción récord alcanzada en 2016, cercana a 2,9 millones de toneladas de paddy verde. Este año, la proyección ronda una cifra similar. Por otro lado, el tamaño de la oferta ha generado un descenso en los precios. Según el Ministerio de Agricultura, lo que se le paga al productor ha caído 16 % en lo corrido del año, con respecto al promedio de 2016. Los precios al consumidor en el primer semestre bajaron cerca de 4 %.

El año pasado, ante la situación, el Ministerio decidió incentivar el almacenamiento, es decir, otorgar recursos que se le dan a la industria para que pueda costear la compra de más arroz del que necesita y almacenarlo, con la condición de que no les baje los precios a los agricultores. Ahora, el camino que ha tomado la cartera agropecuaria es apoyar directamente a los productores.

“El programa de apoyo a la comercialización de arroz es un instrumento que le (sic) permite a los productores estabilizar sus ingresos ante las distorsiones del mercado y, lo más importante, generar un estímulo para continuar con esta actividad productiva”, dice una resolución expedida por el Ministerio el pasado 24 de agosto. El documento reconoce que las condiciones actuales “no compensan los costos de producción”.

Se trata de la resolución 276 de 2017, que contempla un apoyo de $64.000 por tonelada comercializada, es decir, unos $8.000 por carga, para los productores que se empiecen a inscribir desde este martes. Los recursos totales para apoyar las 161.000 toneladas que contempla la resolución ascienden a $16.800 millones. Al respecto, las preguntas de los arroceros no tardaron en aparecer. Primero, si en las cuentas están proyectados cerca de dos millones de toneladas en lo que resta de año, faltarían casi $100.000 millones en recursos.

Al respecto, la cartera explicó a este diario que los más de $16.000 millones son “el presupuesto vigente en el Ministerio para el programa” y que “una vez se disponga de mayores recursos, se aumentará la cobertura y el volumen a apoyar con este incentivo”. Dignidad Agropecuaria, por su parte, preguntó qué pasaría con el acuerdo de apoyar con $20.000 por carga al que se llegó en junio pasado. (Lea: Arroceros no irán a paro, logran acuerdos con Minagricultura).

Según Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad, los $8.000 que establece la más reciente resolución son insuficientes. Por esa razón afirmó que se mantiene el llamado a los arroceros para que se movilicen este martes en sus regiones. “Haremos nuestra movilización porque necesitamos que el país entienda que no se puede maltratar así a los productores. No pueden decirle a la gente que vaya y siembre arroz y cuando sale (la producción) le digan: ‘Ah no, es que el precio se cayó’”.

La estrategia insignia del Ministerio de Agricultura de Aurelio Iragorri, que dejará el cargo en los próximos días —lo que para los eslabones de esta cadena aumenta la urgencia de dar solución a la problemática—, fue el plan Colombia Siembra, que se puso como meta la siembra de un millón de hectáreas nuevas entre 2015 y 2018. El objetivo se cumplió este año y los arroceros pusieron una cuota de 224.074 hectáreas nuevas del cereal.

Según cifras de Fedearroz, el precio al que el productor les vendió a los molinos en julio de este año fue 15,5 % menor al del mismo mes de 2016, y ha estado por debajo del millón de pesos por tonelada desde mayo.

Al respecto, Jeffrey Fajardo, director ejecutivo de la Cámara Induarroz de la Andi, resaltó que la resolución que estableció el incentivo al almacenamiento tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, pero, los industriales aceptaron prolongar el compromiso hasta el 31 de marzo de este año, sin ninguna resolución ni nada formal de por medio. Asimismo, productores y Gobierno han señalado que los industriales no se sumaron al incentivo durante 2017.

Sin embargo, difícilmente lo habrían hecho así teniendo en cuenta que, según Fajardo, la baja en los precios ha ido de la mano con un aumento de inventarios de 37 % en comparación con los que existían a mediados del año pasado. Para el director de Induarroz, la solución adoptada por el Ministerio no resuelve el problema de fondo, no hace partícipe a la industria para que absorba la cosecha ni ayuda a que la espiral descendente en los precios se frene.

Según él, la industria planteó que se aplicara un incentivo al almacenamiento más acorde con las realidades de un mercado con una oferta récord. Es decir, que el precio mínimo que se paga al agricultor fuera menor. “Pero la posición de los agricultores era demasiado lejana a eso, lo que sumado a la escasa disponibilidad de recursos del Gobierno, podía poner en riesgo la sostenibilidad de aquellos (industriales) que pagaran a los precios artificiales que se fijaron en el incentivo en la resolución 263 (anterior)”.

A los molineros, del incentivo pasado, el Gobierno aún les adeuda cerca de la mitad de lo acordado, unos $15.000 millones. Los productores y el Gobierno siguen conversando para implementar la nueva resolución, mientras continúa la carrera contra el tiempo para un sector que busca la competitividad ante una inminente baja en el arancel para importar arroz: en 2018 pasará de 80 % a 73 % y seguirá descendiendo 6,6 % cada año, hasta que en 2030 sea cero.
Tomada del espectador

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