El primer mandatario, desde La Uribe (Meta), ordenó a la Fuerza Pública que coopere con las investigaciones que adelantan en terreno la Fiscalía y la Procuraduría.

El presidente Juan Manuel Santos se pronunció este lunes sobre la tensa situación que se vive en el municipio de Tumaco (Nariño) desde el pasado jueves, cuando murieron seis campesinos en medio de una protesta en contra de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en hecho en los que, se presume, hubo participación de la Policía Antinarcóticos.

“Un hecho lamentable. Nuestro gobierno valora siempre la labor de las autoridades de control y de misiones humanitarias como la que fue agredida ayer”, dijo el mandatario, refiriéndose al ataque registrado por parte de la Policía en contra de una misión de verificación humanitaria que ingresó a la zona y que iba integrada por miembros de las Naciones Unidas y periodistas.

Santos ordenó a la Policía y a las Fuerzas Militares “que garanticen total cooperación con las investigaciones que adelantan las autoridades de Fiscalía y Procuraduría para hacer claridad absoluta sobre todos estos hechos y establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

Y agregó: “Construir la paz no es fácil. No pasa de la noche a la mañana. Es una tarea que requiere constancia y trabajar de la mano con las autoridades locales, la comunidad, los empresarios”.

El ataque por parte de la Policía hacia la misión de verificación humanitaria fue condenado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip): “La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros”.

La organización calificó como insuficientes las explicaciones entregadas por las autoridades y señaló que “en algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada (…) Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo”.

Tomado de El Espectador.

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